Coincidiendo con la vuelta a las aulas, tras diez días de demora por la incapacidad del Gobierno Regional de asegurar el acceso a los centros educativos por la nevada, Ayuso lanza otro órdago al Gobierno de Pedro Sánchez, con motivo de la entrada en vigor de la nueva ley de educación.
Si desde hace meses toda la población madrileña estamos siendo rehenes de Ayuso en materia sanitaria por su confrontación con el Gobierno central, ahora les va a tocar a niñas, niños y jóvenes sufrir las consecuencias de esa estrategia, al trasladar la presidenta la confrontación al ámbito educativo, anunciando su voluntad explícita de saltarse la legislación vigente.
El mismo gobierno que, al inicio de este curso, ha estado dificultando el acceso del alumnado con Trastorno de Espectro Autista (TEA) a aulas o centros específicos, que tanto proclama defender, protesta ahora porque el Parlamento aprueba la necesidad de un plan a 10 años para garantizar un derecho recogido en la legislación hace lustros: que niños y niñas con necesidades educativas especiales puedan escolarizarse en un centro ordinario sin que la falta de medios y recursos pedagógicos sea un obstáculo.
El mismo gobierno que es plenamente consciente de haber aumentado la segregación del alumnado con menos recursos, a través de la ‘zona única’ de escolarización, se jacta de que va a mantenerla porque rechaza la ‘mezcla social’ y se niega a reconocer el derecho de las familias a escolarizar a sus hijos e hijas cerca de su domicilio, sin tener que depender del vehículo privado.
El mismo gobierno que extiende sin parar su modelo de (pseudo) bilingüismo y niega a miles los niños y niñas el derecho a ser escolarizado en la única lengua oficial de la Comunidad de Madrid, reduciendo día tras día los centros que solo enseñan en castellano, anuncia que va a destinar fondos que le niega a la educación pública madrileña para llevar el castellano a otras CCAA a través de convenios con, entre otros, empresas privadas. Parece que le disgusta la mención explícita de la Ley Celaá al respeto a la Constitución Española en materia de tratamiento del castellano y otras lenguas cooficiales.
El mismo gobierno que ni investiga, ni mucho menos sanciona, a los centros privados concertados que incumplen la normativa desde hace años al imponer cuotas económicas para seleccionar a su alumnado en función de la renta, anuncia a todo correr que sacará parcelas públicas a concurso para que las empresas privadas puedan seguir montando negocios educativos con cargo al erario público. Y de paso creará las condiciones de posibilidad para otros posibles casos Púnica. Porque el partido político cuyos representantes han estado recibiendo mordidas de empresas por recibir solares públicos para centros concertados de antemano, no va a consentir que un gobierno ‘social-comunista’ venga a poner trabas a su pingüe negocio.
El mismo gobierno que presume, cuando le conviene, de su compromiso con la igualdad de sexos, no solo gobierna gracias a quienes niegan la violencia machista, sino que anuncia además que mantendrá los conciertos educativos con los centros que separan a su alumnado por razón de sexo, permitiendo así que con dinero público, y a través de una educación segregadora, se continúe educando en el machismo, causa última de la violencia que mata a cientos de mujeres.
El mismo gobierno, en fin, que se envuelve en banderas monárquicas y se proclama constitucionalista de pura cepa, anuncia su voluntad de incumplir una ley aprobada por las Cortes españolas el mismo día de su entrada en vigor.
Ayuso sabe perfectamente que su iniciativa de aprobar una ley autonómica para blindar la “libre elección de centro escolar”, diseñada específicamente para vulnerar la nueva Ley Orgánica de Educación, solo responde a su estrategia de echar leña a la confrontación que mantiene abierta, y que de llevarse a cabo tendrá corto recorrido, porque sería anulada por los tribunales de justicia. Pero todo vale con tal de seguir haciendo ruido y sumarse al carro del acoso y derribo del gobierno de coalición.
Frente a tanto postureo y tan poca o nula preocupación por los problemas reales de la educación pública madrileña, el Área de Educación de IU Madrid se reitera en las exigencias que ya se hicieron al inicio del curso:
- Solución a la carencia endémica de infraestructuras, con un aumento de las instalaciones y las plazas públicas, estableciendo convenios de colaboración con los Ayuntamientos.
- Incremento del personal docente y no docente y especial cuidado al alumnado con necesidades de atención educativa, con la recuperación de los recursos destinados al personal de atención a la diversidad y contratación de equipos profesionales adecuados para el trabajo de orientación y la labor tutorial.
Área de Educación de Izquierda Unida Madrid