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El gobierno de la Comunidad de Madrid continúa con su agresiva estrategia de marginación y maltrato a la educación pública, al tiempo que se blinda la promoción y sostenimiento de centros privados con recursos públicos. El último anuncio de la Presidenta Regional, Isabel Díaz Ayuso, de blindar la escuela concertada hasta 2027, cuatro años más de los vigentes actualmente se suma al anuncio del falso adelanto de la escolarización para el próximo curso con el objetivo explícito de saltarse la ley.

Esta decisión, enmarcada en la guerra declarada al Gobierno central, viene tras el anuncio de no renovar los contratos de refuerzo al personal en los centros públicos, mientras se vuelve a dotar de recursos extraordinario a los centros privados concertados.

Madrid es actualmente la región de España con mayor desigualdad económica y educativa. Esto demuestra que décadas de gobiernos neoliberales en Madrid no han buscado la igualdad entre niños y niñas independientemente de su origen socioeconómico sino, precisamente, fortalecer a través del sistema educativo las diferencias de origen.

Lejos de luchar contra las cuotas ilegales que los centros en Madrid cobran con el permiso implícito de las autoridades educativas, la Consejería de Educación busca triquiñuelas con las que defender a las empresas privadas para que continúen su labor segregadora.

El área de educación de IU Madrid insta al gobierno regional a que cese en su intento de incumplir la legislación educativa.

El área de educación de IU Madrid considera inadmisible que se anuncie la no continuación de los contratos de refuerzo en la escuela pública mientras que mantiene todas las ayudas económicas extraordinarias a la concertada. Algo totalmente fuera de lógica en una situación de crisis sanitaria como la que continuamos viviendo.

Así mismo, denuncia que las nuevas instalaciones educativas necesarias desde hace años en numerosos municipios y distritos de la región no tienen ninguna previsión de estar listas en tiempo y lugar, mientras el Gobierno regional deposita todos sus recursos y esfuerzos en las empresas que gestionan los centros concertados, obviando las necesidad educativas tanto de centros públicos como concertados.